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La subcontratación laboral en nuestro país será castigada con multas millonarias y cárcel

By abril 21, 2021julio 30th, 2021Despacho Jurídico

En días pasados se discutió en la Cámara de Diputados un paquete de reformas a la ley para regular la subcontratación en nuestro país; luego de meses de realizar mesas de diálogo con empresarios, autoridades, representantes sindicales  y centrales obreras, finalmente se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el outsourcing y ponerle un alto a la subcontratación laboral.

¿Qué es la subcontratación laboral y cómo está regulada en nuestro país?

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) define la subcontratación laboral en su artículo 15-A como aquella “por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.

Esta modalidad surgió de la necesidad de las empresas por contratar servicios especializados para cumplir con actividades en ciertas áreas, como ejemplo, las áreas que comunmente subcontratan son las de: contabilidad, recursos humanos, informática, asesoría jurídica, mantenimiento, seguridad, entre otras.

El problema radica en que muchas empresas en nuestro país comenzaron a realizar una mala práctica de este concepto de contratación laboral con el fin de evadir sus obligaciones fiscales y laborales, como el pago de impuestos y las cuotas obrero-patronales. Así, que por años muchos negocios y compañías no pagaban lo que corresponde y violaban los derechos laborales de los trabajadores en México lo que ha traído un importante impacto negativo para la economía del país; como las pérdidas millonarias que han reportado órganos como el SAT con pérdidas por más de 320 mil millones de pesos o instituciones como el IMSS con pérdidas de más de 20 mil millones de pesos.*

Por lo tanto, esta reforma a la ley es un paso hacia la justicia social, laboral y económica de nuestro país, ya que se se termina con prácticas abusivas y de simulación; se da pie a la creación de nuevos entornos laborales donde los trabajadores reciban lo que les corresponde, tengan protección y estabilidad de su empleo, aumenten sus percepciones y su seguridad laboral; por otra parte, también se beneficiará a los empresarios honestos, porque ya no habrá una competencia desleal contra esas empresas que realizaban outsourcing ilegal. Todo esto se traduce en una consecuencia postiva para el Gobierno porque también tendrá un beneficio en la recaudación.

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